Un secreto industrial es un conjunto de conocimientos o informaciones que no son de dominio público, que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un bien o servicio, o para la organización y financiación de una empresa o de una unidad o dependencia empresarial, y que, por ello, procura a quien los domina, una ventaja.
El secreto empresarial se protegerá mientras se cumplan los requisitos mencionados en el artículo 260 de la decisión andina 486 del 2000, de Ser secreta, en sentido de que, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible; Tener un valor comercial por ser secreta y; Haber sido objeto de medidas razonables tomadas por parte de su legítimo poseedor para mantenerla en secreto.
La protección del secreto empresarial no requiere de trámite alguno, pero quien detente el secreto debe tomar las medidas necesarias para evitar su divulgación y, en general, mantener las condiciones de protección expuestas en el artículo 260 de la Decisión 486, pues la norma no establece una forma específica de proteger el secreto, pero sí se señala que el poseedor tendrá la carga de adoptar los mecanismos que resulten razonables para evitar que la información sea de conocimiento general para impedir un fácil acceso a la misma.
Uno de los métodos más comunes para proteger el secreto empresarial son las cláusulas de confidencialidad; estas son una manifestación de la voluntad de las partes encaminada a no revelar a terceros la información que se desea proteger, estas cláusulas generan una relación de confidencialidad y producen la obligación de guardar y no revelar a terceros información que las partes deseen proteger.
De conformidad con la decisión 486 la persona que explote, comunique o divulga, sin autorización de su poseedor legítimo un secreto empresarial; adquiera, explote, comunique o divulgue un secreto empresarial por medio ilícitos; o explote o comunique un secreto empresarial obtenido por una persona, sabiendo que esta no poseía la autorización para hacerlo, incurrirá en competencia desleal
La ley 256 de 1996 que dicta las normas sobre competencia desleal, contempla sanciones para las personas que violen la confidencialidad de un secreto empresarial, como la remoción de los efectos producidos por dichos actos, indemnización de los perjuicios, además la persona que viole la confidencialidad de un secreto empresarial se expone a prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte (20) a (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
