Se entiende por publicidad todo medio, forma o contenido de comunicación en virtud
del cuál se pretenda influir en las decisiones del consumidor. Ello puede incluir
elementos de carácter objetivo y subjetivo, los cuáles se diferencian por el hecho de
poder ser comprobados o verificados en el primer caso, mientras que los elementos
subjetivos no pueden ser objeto de cotejo y suelen consistir en ideas abstractas cuya
veracidad o falsedad no se puede determinar. Superindustria y Comercio, Concepto 21473069, 07/12/2021.
Por ello, la ley dispone que los anunciantes deberán responder por los elementos
objetivos de su publicidad, los cuáles deben representar la realidad del producto o
servicio que se ofrece. De no ser así, podemos estar ante un caso de publicidad
engañosa, ya que el anuncio llevaría al consumidor a error, según la Superintendencia
de Industria y Comercio.
Así pues, la información recibida por el consumidor o usuario debe proporcionarse en
condiciones que no le lleven a error al tomar la decisión de comprar un bien o de
contratar un servicio determinado, ya que una vez éste ha valorado los elementos
objetivos correspondientes a la oferta del bien o servicio respecto a las condiciones
que pretende adquirirlo, tomará una decisión que influye respecto a su
comportamiento económico.
A este respecto, las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad por los
anunciantes les obligan frente a los consumidores y, por otro lado, responderán por los
perjuicios causados por la publicidad engañosa que divulguen. La prohibición de la
publicidad engañosa tiene como finalidad proteger al consumidor, al ser la parte débil
en la relación contractual de consumo y, por lo tanto, la que puede ser fácilmente
engañada por quien anuncia un bien o servicio.
Si el anunciante o el proveedor del bien o servicio no cumple con las condiciones
objetivas y específicas que anuncia en su publicidad, estaría infringiendo las normas de
protección al consumidor previstas en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480/11), y esa
infracción acarrea multas y sanciones de hasta 2000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
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