Con arreglo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, la acción de competencia desleal prescribe a los dos años desde que el accionante tuvo conocimiento del autor del acto de competencia desleal y, en cualquier caso, a los tres años desde la realización de dicho acto.

Según indica la Superintendencia de Industria y Comercio, en el primer caso hablamos de una prescripción ordinaria, prescripción que, con arreglo a la jurisprudencia, es de carácter subjetivo y se da al cabo de dos años desde que el accionante conoce el acto que a su juicio es desleal.

Por ello, ese plazo de prescripción empieza a contar desde que se supo del acto considerado desleal y de quien lo realizó hasta que se interpone la pertinente denuncia judicial, periodo durante el cuál no deben pasar más de dos años, que a su vez suponen un límite para el perjudicado para interponer la acción.

En el caso en cuestión, se pretendía considerar que Terpel y Exxonmobil crearon una estrategia para expulsar a Ludesa del mercado, pero las empresas demandadas demostraron que el mencionado término de dos años había prescrito, en la medida en que la parte actora presentó la acción con posterioridad al mismo.

Ludesa presentó una solicitud de conciliación el 16 de septiembre de 2019, lo que con arreglo al artículo 21 de la Ley 640 de 2011 supone la suspensión del plazo de prescripción de esa fecha hasta la expedición de las constancias mencionadas en el artículo 2 de esa ley. Ahora bien, como en esa fecha ya había transcurrido el término de dos años para interponer la acción, la presentación de esa solicitud de conciliación no supuso la suspensión de la prescripción.

Así pues, como la prescripción no se interrumpió de manera oportuna, la acción prescribió en la medida en que la demandante supo de los actos desleales de unión empresarial entre las demandadas el 28 de febrero de 2017 (por lo que el plazo vencía el 28 de febrero de 2019).